La maldad retorcida que encierra el ministro del Interior italiano, Mateo Salvini, manifestando la idea repulsiva de esterilizar a una mujer gitana para que no pueda eludir la cárcel, es el reflejo de que hay una parte de la sociedad europea del S.XXI que se degrada a sí misma al naturalizar las conductas de sus dirigentes. Esta naturalización es un ataque a la tolerancia, la inclusión, la diversidad y la esencia misma de nuestras normas y principios de derechos humanos. En general, socava la cohesión social, erosiona los valores compartidos y puede sentar las bases de la violencia, haciendo retroceder, a pasos agigantados, los valores humanos y las reglas democráticas que todos los Estados avanzados y los países civilizados deben salvaguardar frente a la negación perturbadora del proyecto europeísta, que lleva como epicentro la bandera de los derechos humanos y sociales para todos los pueblos, naciones y culturas que componen nuestro viejo continente. Incluido claro está el pueblo gitano, integrado por más de 12 millones de personas, a las que se les ha negado e impedido históricamente su plena inclusión en esta gran Europa que deshumaniza la pobreza extrema criminalizando a quien desgraciadamente la padecen.

No basta con recordar la memoria de las víctimas del genocidio nazi para conmemorar aquella masacre histórica sin olvidar que el origen de aquella cruel ignominia comenzó con censos, persecuciones, esterilizaciones y deportaciones a nuestro pueblo antes que desarrollara la maldita maquinaria del Holocausto o el Samudaripen, denominado por el pueblo Romaní.

Nadie entonces imaginaría que aquellos discursos del odio terminarían asesinando a millones de personas que portaban en sus uniformes el distintivo de un triángulo invertido de color marrón, el símbolo con el que los nazis clasificaban a los y las romaníes. Por tanto, tenemos que remover las conciencias sobre la existencia de un discurso de odio que está abonando la semilla de la violencia en nuestro presente y en nuestro futuro más inmediato, y que triunfará si permanecemos como si nada ante las amenazas frecuentes de la ultraderecha. Una ultraderecha para la que la condición étnica de una mujer, de un ser humano, es tan insignificante en términos de dignidad ante el poder de las mayorías dominantes. Solo tendríamos que cambiar la mirada racista para darnos cuenta de que a Salvini no se le ocurriría reclamar este tipo de medidas, por ejemplo, para los líderes de su propio partido condenados por casos de corrupción. Por el contrario, saca el odio a pasear cuando los autores de algún delito pertenecen a las minorías étnicas.

Pero lo que más me sorprende no son las malas intenciones del fascismo, sino que tengamos partidos políticos en nuestro país que logren consumar pactos con la extrema derecha -que comulga abiertamente con la ideología de Salvini- con el único propósito de calmar el hambre de gobernar y el ansia irrefrenable de poder, y no se abrumen al blanquear sus discursos contra la igualdad y los derechos humanos. El resultado es una muestra descarada de cinismo radical, al escandalizarnos con la ultraderecha que campa a sus anchas fuera de nuestras fronteras, y legitimar al mismo tiempo a los mismos ultras de nuestro país. A medida que lo pienso, no sé qué es más despreciable, si lo primero o lo segundo. O ambos a la vez.

Hace un año el Consejo Estatal del Pueblo Gitano protagonizó múltiples concentraciones y manifestaciones en distintas ciudades de España condenando la intención de Salvini de censar a las personas gitanas sin saber qué planes horrendos escondía detrás de esta macabra idea. Este órgano se movilizó ante la Embajada italiana en Madrid junto con partidos políticos (PSOE y Podemos) y entidades de todo el Estado exigiendo la dimisión del ministro italiano. Como resultado del impacto de dicha concentración, el embajador de Italia en España, Estefano Sannino, se comprometió a trasladar nuestra repulsa a su Gobierno. Fue entonces (28 de junio de 2018) cuando, por primera vez, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una declaración institucional muy dura contra el vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, en la que le acusó de practicar conductas que “incitan al odio”, rechazando su intención de censar a las personas gitanas para expulsarlas de su país y pidiendo expresamente que desista de ponerla en práctica. Una acción que fue promovida con gran éxito, gracias al esfuerzo y el trabajo que dedican día a día las entidades sociales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano con todos los portavoces del arco parlamentario.

La movilización tuvo su efecto y caló por la advertencia del efecto contagioso que protagoniza la propaganda del odio. El Consejo acudió a todas las instituciones internacionales y tuvo una resonancia inigualable. Ése es el camino: ante el fascismo, movilización. Ante el silencio y la indiferencia, revolución pacífica, alta y sonora. Esa es la Europa que se salva del fracaso y de la degradación humana.

Es una aberración. Lo que ha dicho el señor Salvini, nada menos que ministro del Interior de Italia, no puede calificarse más que de aberración. Es desproporcionado, injusto e inmoral que se hable en pleno siglo XXI de esterilización de una mujer como medida para cumplir una pena. Esto es una forma de violencia. Una violencia además prohibida por el Convenio de Estambul: las esterilizaciones forzosas son un crimen contra la humanidad.

Este último despropósito de Salvini, que pide desde un puesto de máxima responsabilidad la esterilización de una mujer gitana ante la comisión de varios hurtos, no es anecdótico ni inocente. Se suma a las continuas manifestaciones antigitanas de Salvini, como la propuesta de creación de un censo para señalar a las personas gitanas en junio de 2018. Así pues, el asunto merece que hoy más que nunca reflexionemos sobre el peligroso riesgo de retroceso de nuestra sociedad en el campo de la defensa de los derechos fundamentales y la necesidad de una postura firme desde las instituciones públicas españolas y europeas ante el discurso de odio que se promueve de forma populista por parte de determinados líderes políticos hacia distintos grupos vulnerables, ya lo sean por motivos de etnia, origen, orientación sexual, género o discapacidad, entre otros.

Escudarse en la identidad de una persona para sugerir castigos como la esterilización por cometer delitos es abrir la puerta a la arbitrariedad para que haya ciudadanos de primera y de segunda, al margen de que cometan o no delitos. De más está recordar que la pobreza es un mal que precisa de medidas firmes en nuestro país y el resto de Estados, vitales para prevenir la comisión de determinados delitos que están relacionados con el hecho de vivir en situaciones de exclusión social y que debemos abordar desde las políticas públicas.

Debemos ser firmes y responsables, no mirar para otro lado ante determinados discursos y propuestas que ponen en riesgo los cimientos de los derechos humanos, el derecho a la vida, la dignidad humana, la igualdad, el derecho a la vida familiar, etc. Las manifestaciones antigitanas en diversos países de Europa son evidentes, el propio Tribunal Europeo ha condenado a diversos países (Eslovaquia, República Checa…) por escolarizar a niños gitanos como discapacitados mentales. El mismo tribunal, en 2011, condenó a Eslovaquia por la esterilización forzosa de una mujer gitana.

Ante las continuas manifestaciones racistas contra el pueblo gitano por parte de Salvini, no dejo de pensar hacia donde no debemos ir. Esa parte de nuestra historia que ya creíamos superada y a la que desde las instituciones estatales debemos poner un blindaje firme. Es vital una mayor respuesta. Por ello, considero que se debería aprovechar el inicio de un nuevo ciclo político en las instituciones europeas para dotarse de mecanismos e instrumentos para evitar que estos discursos de odio queden impunes. La legislatura pasada, el Congreso de los Diputados ya condenó a instancias de Cs las manifestaciones antigitanas de Salvini, llamando a expulsarlos de Italia.

Desde Cs vamos a seguir trabajando en el ámbito estatal y europeo para promover la no discriminación, haremos una apuesta firme por la Ley Integral de Igualdad, la promoción de la igualdad de todas las mujeres, incluyendo medidas específicas en contra de la esterilización sin consentimiento de las mujeres con discapacidad, la promoción del pueblo gitano a través del impulso de la estrategia de inclusión social del mismo con una especial referencia a la situación de las mujeres gitanas, y vamos a ser firmes en Europa ante discursos racistas y populistas.

En la lucha contra la discriminación, ¡ni un paso atrás!

Pulsando aquí puede escuchar el poema en la voz del propio autor:

Aún me quedan fuerzas

Por Diego Luis Fernández

Aún me quedan fuerzas para luchar
como lucha la luz cada mañana iluminando los caminos
como lucha el agua arañando los senderos
como lucha la voz saliendo del escondite del corazón.

Aún nos quedan gritos contra la injusticia
como grita la tierra cuando tiene hambre
como grita el mar cuando le insulta la orilla
como grita el silencio cansado de estar dormido.

Aún me quedan fuerzas para escribir
y cada palabra es una flecha que hace fuerte a los débiles
y planta cara a los racistas
que no soportarán mis versos sobre sus hombros.

Aún me queda tiempo para abrazar
a quienes me prestaron sus manos para construir
sus ojos para ver a lo lejos el horizonte
sus voces para clamar por la igualdad.

Aún somos capaces de mirar de frente
y no agachar la cabeza ante la humillación
porque hay algo que aprendimos,
y es que no hay nada más fuerte
que un pueblo que es capaz de cantar unido.

En el mes de agosto de 2008 me manifesté públicamente a favor de que nuestro Código Penal incorporara el establecimiento de la Prisión Permanente Revisable (PPR). Han pasado ya once años y me reafirmo con mayor convencimiento en la necesidad de que esa figura forme parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por esa razón celebré que el Congreso de los Diputados incorporara el 30 de marzo de 2015 en la “Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal” la Prisión Permanente Revisable.

Debo resaltar desde el principio ―y entiéndase como un paréntesis en todo lo que diré después― mi oposición a buena parte del contenido de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Para la fácil identificación por parte de mis lectores les diré que se trata de la comúnmente conocida como la “Ley Mordaza”.

Sabiendo que mi postura podría encontrar abierta resistencia e incluso oposición en una parte de mi partido no dudé en decir entonces que apoyaba firmemente la petición del padre de la inocente niña Mari Luz, muerta a manos de un miserable pederasta, para que en nuestro Código Penal se recogiera adecuadamente el endurecimiento de la pena que pueda corresponderle a quienes abusan, torturan o asesinan a las niñas. También manifesté que mi testimonio podía ser enjuiciado con todos los pronunciamientos, tanto favorables como desestimatorios, por el hecho de que yo también soy gitano, como el padre de Mari Luz y que mi solidaridad con esta familia tiene lazos ancestrales que van más allá de la tragedia que estaban atravesando.

Oportunidad del debate, hoy

Han pasado once largos años y la sociedad ha tenido tiempo de meditar sobre la oportunidad de mantener lo conseguido.  Ríos de tinta han inundado los periódicos y los más prestigiosos intelectuales se han manifestado, unos a favor y otros en contra de esta medida. A ambas corrientes de pensamiento las tengo presentes al redactar estas líneas haciendo un esfuerzo por ignorar lo que, desde las vísceras, desde la ignorancia o desde la demagogia han dicho y escrito otros intervinientes.

Desde que el Congreso de los Diputados aprobara el establecimiento de la PPR hasta hoy ha llovido mucho y mientras que los defensores de esa medida han visto como sus razones adquirían mayor solidez los contrarios han fundamentado su oposición en razones puramente interpretativa de las leyes. Juristas de acreditada solvencia y penalistas versados en el ejercicio de su profesión ante los tribunales se han movilizado y han hecho público “manifiestos” y declaraciones para intentar convencer a los iniciados en el mundo del derecho que la PPR era una barbaridad contraria a la Constitución Española.

Por el contrario, los defensores de lo que establece la Ley Penal han comprobado como la sociedad española, mayoritariamente, han estado junto a los padres de Diana Quer, de la niña Mari Luz, de Sandra Palo, de Marta del Castillo, de Yeremi Vargas, del pequeño Gabriel Cruz, el “pescaito” y de tantas otras personas que han sido víctimas de la incomprensible crueldad humana de algunos individuos.

Una deplorable sesión del Congreso de los Diputados

Fue la celebrada hace poco más de un año, el 15 de marzo de 2018, en la que se debatieron sendas enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Ciudadanos que pretendían ampliar los casos de aplicación de la PPR endureciendo el Código Penal especialmente en los casos de delincuentes reincidentes. Hoy tendrían mayores razones para defender su tesis al endurecimiento de las penas quienes recordaron los casos de violaciones y muertes cometidas por agresores que disfrutaban de un tercer grado.

He vuelto a leer el Diario de Sesiones de aquel día y he sentido vergüenza. El debate fue bronco a tal extremo que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, dio a entender que estaba dispuesta a suspender el Pleno. Pero fue Carolina Bescansa, la antigua dirigente de Podemos, la que pidió públicamente perdón a la sociedad española y a los familiares de las víctimas ―algunos presentes en la tribuna del Congreso como el padre de Diana Quer, el de Sandra Palo y Juan José Cortés, que hoy se sienta en su escaño como diputado―. En su cuenta de Twitter escribió: “Pido perdón a las víctimas, a sus familiares, a la sociedad española por no haber sabido tener un debate a la altura de su dignidad”.

Entre los padres de Mariluz, Marta del Castillo, Sandra Palo y Diana Quer se han recogido casi ocho millones de firmas

¿Qué valor tienen esas firmas? ¿Pueden condicionar la libertad de los diputados y Senadores a la hora de emitir su voto en un sentido u otro? Yo creo que sí y lo fundamento en el siguiente razonamiento: Primero en que el artículo 25.2 de la Constitución no garantiza ningún derecho de los condenados. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional en sus sentencias 28/1988 y 81/1997. El profesor Canosa Usera lo dice con claridad: «No existe un derecho a la reeducación o a la reinserción social, pues tanto una como otra son objetivos, metas a alcanzar con la ejecución de la pena». Por lo que cabe preguntarse ¿Existe algún tipo de interpretación jurídico penal que garantice la protección de la sociedad frente a individuos, autores de delitos horrendos, si la meta de la reeducación e inserción social no se ha alcanzado?

Segundo. Recojo la síntesis de mi razonamiento que ya expuse cuando me manifesté por primera vez a favor de la lucha emprendida por Juan José Cortés por la implantación de la PPR.

A veces la doctrina aparentemente superada de los grandes maestros del pensamiento jurídico cobra fuerza de patente actualidad. Durante mucho tiempo Savigny sostuvo que la ley era la fuente originaria de todo derecho, hasta que, en palabras del profesor Manuel Aragón, llegó a “destronar a la ley de ese lugar primordial y a poner en su lugar la convicción jurídica común de la sociedad”, o, en palabras que harían fortuna, “el espíritu del pueblo”. La tesis central ahora defendida por Savigny y a la que seguro se apuntaría Juan José Cortés y los ocho millones de firmantes favorables a la PPR, la resume con claridad el profesor Francisco Contreras: “No es cierto que el Derecho nazca de las leyes, es decir, de disposiciones expresas del poder estatal supremo”, sino que, en realidad, “la sede propia del  Derecho es la conciencia común del pueblo […], es decir, todo Derecho es originado primeramente por la costumbre y las creencias del pueblo […] y, por tanto, […] en virtud de fuerzas internas, que actúan calladamente, y no en virtud del arbitrio de un legislador”.

Hace 11 años solicité que las élites de la sociedad, la llamada clase dirigente, y los políticos que gozaran de sentido común ―virtud tan escasa en los últimos tiempos― iniciaran un debate riguroso sobre la implantación en España de la PPR. Y el debate ha existido, aunque con pocas posibilidades de llegar a acuerdos. Juristas de prestigio han firmado manifiestos en contra y otros, cuya trayectoria jurídica goza de la máxima relevancia, se han manifestado a favor. Entre estos últimos me permito señalar a quien fue presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga.

En estos momentos la PPR está pendiente de la última palabra que la tiene el Tribunal Constitucional. Y es lógico, porque si las leyes no necesitaran ser interpretadas no harían falta tribunales. Lo malo es que a veces, lo que uno ve se asemeja mucho a lo que decía Gerónymo de Cevallos en el siglo XVII y que difiere muy poco de la realidad: “Jamás se han visto tantos tribunales y menos justicia”.