FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose, han presentado las partidas de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a sus departamentos.

Estos Presupuestos están centrados en reforzar el Estado del Bienestar, la recuperación de derechos sociales en Sanidad y Dependencia y el aumento de recursos contra la pobreza infantil.

La ministra de Sanidad ha destacado que solo con las nuevas medidas destinadas a eliminar copagos en colectivos vulnerables, el incremento de fondos para la Dependencia (el mayor desde que se puso en marcha) y las iniciativas para combatir la pobreza infantil se beneficiarán directamente unos 10 millones de españoles. 

«Son unas cuentas que reflejan el papel de liderazgo y compromiso del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la equidad y la cohesión social en las políticas sanitarias y sociales», ha subrayado María Luisa Carcedo. «Los Presupuestos reflejan con claridad la prioridad que supone para este Gobierno la protección de la infancia así como garantizar el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes», ha añadido Pau Marí-Klose.

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para 2019 alcanza los 3.133,56 millones de euros repartidos en 2.716,49 millones para Servicios Sociales (un 41% más); 364,87 millones de euros para Sanidad y Consumo; y 52,19 millones para servicios generales.

Dependencia

La ministra de Sanidad ha destacado el elevado incremento que registran las cuentas en la financiación de la Dependencia para 2019,  el más alto desde que se creó el Sistema de Dependencia, frente a los recortes que ha sufrido el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en los últimos años como consecuencia del Real Decreto 20/2012.

Este pilar del Estado del Bienestar contará en 2019 con un aumento de 831 millones de euros, hasta alcanzar un presupuesto global en Dependencia de 2.231 millones de euros.

Aumenta la aportación al nivel mínimo (los fondos que destina el Estado por cada beneficiario a las Comunidades Autónomas) en 415 millones de euros, un 31,7% más. Además, se vuelve a financiar el nivel acordado con 100 millones de euros, una vía de financiación del sistema a las Comunidades Autónomas que se fijó en el artículo 10 de la Ley 39/2006 para mantenerse hasta el año 2015 y que se eliminó en 2012.

«Con este importante esfuerzo presupuestario se podrá rebajar en torno al 75% la lista de espera de los casos más graves, los dependientes de grado III y grado II, en torno a 75.000 personas», ha indicado la ministra de Sanidad. 

El incremento presupuestario, además de atender al crecimiento de beneficiarios, permitirán la financiación de una nueva prestación de teleasistencia avanzada.  Se trata de tecnologías que permiten una supervisión remota del usuario de forma que, además de ofrecer asistencia, también permite conocer los patrones de vida de la persona, con lo cual se prevén posibles situaciones de necesidad.

A ello hay que sumar la asunción por parte de los Presupuestos del Estado de la cotización de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, para lo que se ha incorporado una partida de 315 millones de euros.  Esta prestación se eliminó en 2012 y se estima que su recuperación se traduciría en unas 180.000 beneficiarias (en su mayor parte se trata de mujeres).

Copagos

Los Presupuestos de 2019 dan el primer paso en la eliminación de los copagos farmacéuticos introducidos en el Real Decreto 16/2012 al incluir medidas dirigidas a distintos colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Se eliminan los copagos a los pensionistas que no estén obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y perciban una renta anual de 11.200 euros y, en el caso de realizar la declaración, aquellos con renta inferior a 5.635 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del IRPF.

Por otro lado, también dejarán de abonar el copago las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

En ambos casos (pensionistas y perceptores de la prestación de la Seguridad Social), la eliminación de los copagos será efectiva para estas personas y quienes tengan a su cargo.

Esta medida tendrá un impacto estimado de 7,8 millones de beneficiarios, entre los pensionistas que ya no tendrán que pagar por sus medicamentos (unos 5,3 millones) y las personas con menores a cargo (unos 2,5 millones).

María Luisa Carcedo ha destacado el impacto  que tuvo en 2012 la introducción de copagos farmacéuticos en colectivos que hasta entonces no tenían que abonar dinero para acceder a los medicamentos y cómo se convirtieron en un obstáculo para seguir sus tratamientos.

«Como nos indica el Barómetro Sanitario del CIS, en torno a 2,1 millones de personas tienen dificultades para retirar sus medicamentos; y, debido a esta medida, la adherencia a los tratamientos empeoró, según muestra un estudio de Sespas», ha indicado.

Además, los Presupuestos contemplan una modificación normativa destinada a cerrar la puerta al establecimiento de los nuevos copagos que introdujo RD 16/2012 en la cartera suplementaria. En concreto, se suprime el articulado que hace referencia a que el copago de las prestaciones incluidas se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica.

De esta forma, el transporte sanitario no urgente pasa a formar parte de la cartera común, los productos dietéticos se quedan en la suplementaria y se mantienen sin aportación, y los productos orto-protésicos mantienen el copago que tenían en 2006.

Infancia

Las cuentas públicas incluyen un aumento de 266 millones en los fondos para la protección de las familias destinados fundamentalmente para combatir la pobreza infantil.

Los Presupuestos incorporan un incremento en la prestación por hijo a cargo: los PGE suponen el despliegue gradual del Ingreso Mínimo Vital, que eleva su cuantía en un 17% con carácter general (de 291 euros a 341 euros por hijo/menor a cargo, para unos 1.263.000 menores sin discapacidad), y en un 101% para aquellos niños y niñas que se encuentren en situación de pobreza severa (hasta 700.000 menores, que pasarían a percibir 588 euros). Con esta medida el Gobierno pretende reducir la pobreza infantil severa en nuestro país en un 12%, lo que afectaría aproximadamente a 82.000 niños y niñas.

Los Presupuestos Generales del Estado también contemplan el incremento del presupuesto para el plan concertado de Servicios Sociales, con un aumento de 25 millones de euros en ayudas para comedor para familias en riesgo de exclusión social dentro de la Partida para Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil de dicho plan. Un incremento que permitirá, entre otras cosas, financiar programas de actuación como el Programa VECA de ocio inclusivo vacacional y que garantiza una alimentación adecuada, completa y equilibrada durante el periodo estival para aquellos menores en riesgo de exclusión.

Otras medidas: Sanidad y Consumo

Los Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) incluyen una partida de 22 millones de euros que se destinarán a inversiones en infraestructuras y mejora de la prestación en Ceuta y Melilla.

Destacan en este apartado los 18,3 millones de euros para la dirección facultativa y las obras del nuevo Hospital Universitario de Melilla y los 2,6 millones para la dirección facultativa y el inicio de ejecución de obras de la reforma y ampliación del Centro de Salud El Tarajal en Ceuta.

Además, se incluyen 4 millones de euros para la mejora de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre ellos, destaca el impulso de la interoperabilidad del SNS, un proyecto que coordina el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, formado por la receta electrónica y la historia clínica digital, que sigue avanzando no solo en el ámbito nacional, sino europeo.

También se ha incrementado en un millón de euros la partida destinada a los planes de prevención y control del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual.

Otras medidas: Bienestar Social

El Presupuesto de 2019 incorpora un incremento del presupuesto del Instituto de la Juventud (Injuve) de un 27,6%. Las cuentas del Injuve destinan 9 millones de euros al programa del Cuerpo europeo de la Solidaridad y el Plan de Choque por el empleo Joven 2019-2022.

Las cuentas públicas también cuentan con una partida para ayudas a los afectados por la Talidomida. Estas ayudas se destinarán a compensar y superar las situaciones de discapacidad que sufran los afectados.

El presupuesto cuenta con una partida específica para la atención a menores extranjeros no acompañados. Se trata de una nueva línea de ayudas de 30 millones de euros, que podría ampliarse en caso de necesidad. Esta cantidad es superior a la que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social destinó el año pasado para el fondo extraordinario que se habilitó con recursos de distintos departamentos (entre ellos el Fondo de Contingencia) y que se distribuyó entre las comunidades autónomas para este mismo fin, que fue de 16 millones de euros.

El Plan de Desarrollo Gitano crece en 600.000 euros (un 146%). Este programa está integrado por créditos que van destinados a reforzar los servicios sociales de atención primaria para atender al colectivo específico de personas gitanas. Se desarrollarán proyectos de intervención social de carácter integral con las comunidades gitanas más desfavorecidas.

Además, el Real Patronato sobre Discapacidad contará con 4 millones de euros para desarrollar programas de mejora de condiciones educativas para las personas con discapacidad procedentes de depósitos bancarios abandonados.

FUENTE: EL CONFIDENCIAL

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-07-26/lucha-gitana-holanda-mantener-cultura-caravanas_1595306/

En los pequeños parques municipales para caravanas de la periferia de Ámsterdam viven unas 150 personas, y todos comparten lazos familiares con Sabina Achterbergh, una holandesa de 35 años de etnia gitana. Ella, junto a sus padres, sus primos, sobrinos y hermanos son supervivientes y también víctimas de las políticas aplicadas en las últimas décadas en los Países Bajos que, denuncian, buscaban la extinción de la cultura gitana. El plan comenzaba con forzar a esta comunidad holandesa a trasladarse a casas de ladrillo y obligarles así a renunciar a su estilo de vida tradicional y familiar, que se desarrolla en campamentos de caravanas. Su argumento: problemas de orden y falta de integración.

“Ya vivíamos bajo presión desde principios del siglo pasado, cuando se aplicaban diferentes leyes que buscaban hacer que la vida en las caravanas y sus trabajos tradicionales en la calle fueran difícil. Desde la Segunda Guerra Mundial, el rechazo hacia mi comunidad se hizo aún más fuerte. Tenemos la tradición de vivir con nuestra familia en nuestras caravanas pero ahora nos es muy difícil contratar cualquier tipo de seguro, obtener un préstamos del banco aunque tengamos un contrato fijo o incluso ser aceptados por la sociedad”, denuncia Sabina, portavoz de la comunidad gitana en Holanda y su lucha por hacerse respetar en un país donde han sido tradicionalmente rechazados e incluso perseguidos por los seguidores holandeses de Adolf Hitler en los años cuarenta, cuando el 95% de la ancestros sinti de Sabina fue asesinada.

A los seis años de edad, Sabina se vio obligada a abandonar el campamento donde había nacido rodeada de su numerosa familia porque una constructora decidió levantar un barrio de edificio y pisos en ese terreno donde, con autorización oficial, tenían ellos aparcada su caravana. Esta treintañera reitera algo que, dice, debe explicar con frecuencia al resto de la sociedad holandesa: los gitanos no están exentos de pagar impuestos por llevar esta tradicional vida nómada. “Es nuestro derecho estar ahí y nadie debe obligarnos a renunciar a nuestro estilo de vida simplemente porque sea diferente al suyo. Para nosotros es necesario estar juntos, cuidar a nuestros padres, convivir”, explica.

Las asociaciones gitanas tildan lo ocurrido en los últimos años de política de extinción de los gitanos, aunque los más suaves prefieren explicar lo ocurrido como un fracaso total de las medidas municipales para crear nuevos espacios en los que puedan acampar los residentes de las caravanas, una práctica considerada patrimonio cultural desde 2013. Lo que está claro es que la población gitana de los Países Bajos está en peligro de perder sus tradiciones, su cultura y las practicas que tanto les caracterizan porque el Gobierno ha buscado eliminar este estilo de vida justificándolo en los problemas de orden y otros delitos. Esto ha llegado a oídos del Consejo de Europa, quien ha enviado una delegación a Holanda para que investigue el comportamiento de las autoridades locales hacia los Roma y los Sinti.

“En muchos municipios, los gitanos se ven obligados a abandonar sus campamentos de una manera desagradable, pero el nomadismo está en nuestra sangre: tenemos un estilo de vida oriental en una cultura occidental. La gente en Holanda es individualista y el Gobierno quiso separarnos y hacer que seamos igual de individualistas. No, somos diferentes”, advierte esta joven defensora de los derechos de su comunidad. Las palabras de Sabina están respaldadas por el Colegio de Derechos Humanos y también por un informe del defensor del pueblo, elaborado tras cuatro años de investigación, y que confirma las violaciones a los derechos básicos de los gitanos en Holanda.

Hay unos 40.000 gitanos en Holanda, un país de 17 millones de habitantes, y están divididos en cerca de 8.300 plazas en campamentos repartidos por todo el territorio. No todos tienen una caravana como hogar, puesto que miles de personas aún esperan en las largas listas oficiales para obtener una autorización y un hueco en algún campamento donde puedan residir siguiendo sus tradiciones. “Los colonialistas blancos han ido a otros países, matado a los autóctonos, hecho sus propias colonias allí y esclavizado a los locales para obtener su propio beneficio. Hemos logrado poner fin a la esclavitud y a la ocupación de tierras de otra gente, ahora hay que luchar contra la persecución de las minorías”, alerta.

Sedentarismo a la fuerza

En 2006, el Ministerio de Vivienda e Infraestructuras envió un documento a los municipios en el que “daba dos opciones” para lidiar con los campamentos de gitanos. Por un lado, “una política de extinción” que exigía la eliminación del registro y la destrucción de una plaza para caravanas inmediatamente después de la muerte de su ocupante, en lugar de dársela a una persona que está en la lista de espera. La segunda política que se permitía aplicar a los municipios es “la opción cero”: no se dedicará terreno nuevo a las caravanas y solo se utilizarán las plazas existentes. Es decir, “hay que esperar a que alguien muera para darle su plaza a otro en lista de espera”, dice Sabina.

Por encima de estas dos políticas está el objetivo principal de obligar a los gitanos a vivir en casas de ladrillo y alejarlos de sus prácticas habituales de residir en caravanas. “Me pareció alarmante. Parte de mi familia ya fue extinguida por Hitler y después por las políticas de opresión que llegan en los años posteriores. No iba a permitir que nos eliminaran a todos y por eso me puse manos a la obra”, advirtió. “Nosotros no pedimos nada, solo queremos vivir juntos, unos cerca de los otros, como siempre ha sido en nuestra cultura, pero ellos buscaban nuestra destrucción.

Los habitantes de las caravanas autóctonos se manifestaron en múltiples ocasiones en diferentes ciudades exigiendo sus derechos, pero el Gobierno siempre ha hecho oídos sordos a sus reclamos. Mientras tanto, sus críos se hacían mayores con el objetivo de seguir la cultura familiar, vivir en una tradicional caravana en el mismo terreno que los padres, pero se encontraron con un hecho determinante: no hay lugar para ellos en los campamentos. En ninguno. El Gobierno tuvo la esperanza de que las nuevas generaciones de gitanos quieran vivir en casas pero la cultura, las tradiciones y la estrecha cohesión social en el campamento es más importante para ellos, según demuestra una encuesta encargada por la asociación holandesa Roma, Sinti and Travelers (VSRWN), que Sabina preside desde 2013.

Como resultado de la discriminación oficial, los jóvenes han preferido quedarse con sus padres en el automóvil, algunos incluso a punto de cumplir los cincuenta años, y los campamentos están a día de hoy superpoblados y hacinados. Los que se han ido a casas de alquiler, los “ópticos arrepentidos”, lo lamentan porque ven desde las gradas la erradicación de su estilo de vida y de cultura viva. Por ello, todos juntos, los jóvenes y los más mayores, liderados por Sabina, han recurrido al Defensor del Pueblo, incluso a la propia ONU, y han forzado una visita del Consejo de Europa que parece que dará pronto sus frutos. El Gobierno holandés ha cedido ante la presión y se ha comprometido a cambiar de hoja de ruta, aunque el tiempo dirá si los municipios incluyen en los próximos meses los derechos de los gitanos entre sus preocupaciones.

En los próximos nueve meses, el Ejecutivo trabajará junto a los 380 municipios del país y las asociaciones defensoras de los derechos de los gitanos para elaborar una nueva ley para los residentes de caravanas, así como la protección de sus derechos como minoría holandesa separada. Se incluirá esta cuestión en la cartera de todos los ministerios, como el de Vivienda, Interior y Educación. Asimismo, el Gobierno se comprometió a cambiar las normas para que los niños gitanos no tengan que experimentar lo mismo que sufrió Sabina al abandonar el campamento donde nació: las constructoras no tendrán prioridad para imponer sus planes de construir viviendas sobre un espacio de caravanas. Si la zona está ocupada, no se sustituirá por un edificio.

Pero no todo son las leyes…

“Es la mejor noticia en 100 años. El gobierno finalmente nos ha escuchado, es un momento histórico y nos han involucrado en todos los ministerios«, dijo Van Piet van Assendorp, residente de los campamentos de caravanas, después de conocer por la televisión holandesa NOS que hay esperanza de que los municipios detengan la política de decadencia. “Espero que este sea un punto de inflexión en nuestra historia, aún tenemos presente lo que sufrieron nuestros antepasados ​​desde la guerra, y eso tiene repercusiones en nosotros. Queremos pasar página”, concluye.

Esta activista no comparte el rechazo que tiene su comunidad hacia los medios, donde los suyos siempre se han sentido discriminados y estereotipados. Eso la llevó en 2008 a fundar la asociación Viajeros en Acción para precisamente dar a conocer lo que los libros de Historia no explican en las escuelas: la cultura y la tradición gitana, el por qué es tan importante para ellos vivir en una caravana, rodeados de sus familiares, y no formando parte de la rutina más occidental, caracterizada –dice- por la frialdad que protagoniza las relaciones entre los vecinos y alejada de los lazos de sangre.

“Fue muy doloroso para mí cuando me obligaron a irme y separarme de todo lo que había conocido hasta entonces. No había espacio para jugar, estaba todo lleno de maderas, no había espacio verde. Eché de menos a mi familia. Fui muy infeliz con ese cambio”, lamento Sabina. Calcula que en la actualidad hay más de 5.000 miembros de esta minoría que viven en casas de ladrillo, lejos de sus familiares, entre ellos Danielle van Boekel, de 33 años, que contó a los medios holandeses su vida en una casa con balcón a cinco minutos del centro de Haarlem, en el sur de Holanda.

Danielle tenía 25 años cuando la obligaron a dejar su campamento de caravanas y vivir en un piso, un lugar al que no se ha logrado acostumbrar a pesar de que ya han pasado ocho años. “Allí vivimos con nuestra familia y todos entrar y salen en cualquier momento. Aquí hace cuatro meses que no me he cruzado con mi vecino, eso era inimaginable para mí”, subraya, y recuerda que se traslada al campamento de sus padres a diario para no sentirse sola.

Sobre la presión social que existe sobre su estilo de vida, Danielle rememora los tiempos en los que tuvo que lidiar con los prejuicios. “Nuestras ventanas estaban llenas de huevos y bolsas de plástico con excrementos de perro. En la escuela, las cosas no eran mucho mejores. Nunca me permitieron jugar con amigos porque no era bienvenida, la gente pensaba que mis padres y yo éramos sucios”, comenta sobre su pasado. En el presente, prefiere no mencionar sus orígenes cuando socializa. “No es negar mi origen, es que juega en mi contra y siento que entonces tendría que demostrar mi valía”, justifica.