Estimado señor Ministro:

Me dirijo a usted para poner en su conocimiento —y me consta que está bien informado— algunas situaciones que atañen al conjunto de colegios segregados, que en todo el Estado español son alrededor de 300 centros (en Castellón hay 4), en los que están integrados el alumnado marginal. En ellos, sin medias tintas, es manifiesto el incumplimiento en materia de ‘derecho a la educación’ que contempla la Comunidad Europea.

La escasa atención y nula ocupación que las autoridades educativas con responsabilidad—y competencias transferidas— tienen respecto a estos centros es palmaria. La constatación de la ‘vida educativa’, en una ciudad como Castellón de la Plana —lugar que por sus características se puede convertir en un óptimo y permanente laboratorio para desarrollar y testar proyectos educativos, con cuatro Centros de Acción Educativa Singular (CAES), en los que durante los últimos 25 años apenas han salido 10 bachilleres (¡¡¡extrapolando estas cifras al total de centros segregados, nos echamos a temblar!!!). De los alumnos que terminan la enseñanza primaria, muy pocos pasan a la secundaria y, de éstos, casi ninguno/a la terminan. Lamentable pero cierto.

Hoy en día la comunidad científica tiene medios suficientes para resolver y evitar que los niños y niñas de estos centros no se vean eternamente marginados. La adhesión de estos centros al proyecto educativo de ‘Comunidades de Aprendizaje’ es la solución que propone la comunidad científica. Le recuerdo, señor ministro, que el objetivo final de las comunidades de aprendizaje lleva implícita la eliminación del fracaso escolar, aquí se halla la clave de bóveda del exitoso proyecto, y se consigue a través de la transformación no de la adaptación.

Ni se puede tolerar ni es comprensible que un sistema educativo que funciona, y muy bien, no se implante en los centros marginales de nuestro país. Mantener el criminal silencio de esta situación debiera ser constitutivo de delito de lesa infancia. Desde la Fundación Punjab, desde años ha —hace algo más de dos décadas— venimos denunciando, a la vez que proponiendo soluciones a todas estas situaciones, que entre el personal docente se observa más preocupación para que se cumpla la obligación de ir a la escuela —evitar el absentismo escolar— que para desarrollar el derecho a la educación en su máxima expresión. La obligación de ir a la escuela (aunque en ella los alumnos marginados se encuentren olvidados), el paliar el famoso absentismo, viene ocupando al funcionariado docente: es el arma que esgrimen para justificar éxito alguno. El resultado es a todas luces negativo porque no existe ningún tipo de profesionalidad. Hay ciertas actuaciones por parte de los ‘docentes’ que son, sin exagerar, de juzgado de guardia. Mientras tanto, el derecho a la educación brilla por su ausencia.

Es un dislate, bien por falta de profesionalidad funcionarial bien por negligencia política, que el derecho a la educación no se obtenga en su máxima expresión, en terminología europea, al cien por cien. Dar solución al derecho a la educación es un problema que compete a todos los políticos, a los que detentan el poder y a los que están en la oposición. Partidos en el poder y partidos en la oposición: ¡Soluciones ya! Con la máxima energía, y con la misma cantidad de respeto democrático, hay que exigir una solución inmediata a la lamentable situación generada rayana en lo aberrante. Sin duda alguna todos los alumnos de colegios segregados, que repito en España son alrededor de trescientos, no lograrán saborear las bondades de nuestra democracia, para vergüenza de nuestros políticos y de los ciudadanos de bien. No tiene nombre que no se resuelva un problema que afecta a muchos niños y niñas, muchos de ellos gitanos aunque no todos, condenándoles de antemano a la ‘trampa’ de la pobreza y, lógicamente, a las consecuencias que ésta arrastra. Es un problema endémico —no es una cuestión económica sino de responsabilidad social— que afecta a todos los responsables políticos, tengan éstos competencias o no. La ‘espiral del silencio’ generada en torno a los colegios segregados, insisto se tengan competencias o no, se puede considerar corrupción… una corrupción sutil, si se quiere, presentada de forma subliminal pero, al cabo, corrupción. Y, más aún, la peor de las corrupciones porque es la que ataca a escolares del todo indefensos.

La Comisión Europea considera que el derecho a la educación deben gozarlo el cien por cien de las personas de Europa (o sea, todos) y deben de obtener con éxito la enseñanza secundaria (como mínimo); en el caso del estado español nos aceptan el bachillerato y formación profesional de grado medio. En algunas ocasiones, a pesar de nuestra historia, cuesta bastante reconocernos europeos. El espíritu de toda la pedagogía de Freire, en el sentido de la educación como modelo de transformación de las personas y del mundo, queda diluido por la ignorancia y la incompetencia.

Las personas que se mueven en la marginalidad también tienen sus sueños y, entienden con claridad meridiana, que las comunidades de aprendizaje parten de una base igualitaria, por la cual, todos los niños tienen derecho a una enseñanza que no devenga, desde su más tierna infancia, en fracaso. Una vez más: ¡Basta ya! —lo repetiremos cuántas veces se nos antoje mientras siga igual la situación de estos centros de atención especial (¡Vaya eufemismo! señor ministro) —. La inacción condena a niños y niñas a no disfrutar de nuestra democracia, y hay que recordar, que también es de ellos.

Resulta imposible volver atrás en el tiempo: lo pasado, pasado está. Pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que alguien ponga remedio a esta injusta e injustificable situación? En sus manos, como máximo responsable de la enseñanza en nuestro país, se encuentra la llave que abre la puerta de la sin razón educativa. Atienda las necesidades de esa grey de centros CAES que jalonan, para nuestra vergüenza democrática, muchos puntos de la geografía española. Convoque un Foro de ámbito nacional, con la participación de todos los afectados, para dar soluciones e iluminar el camino a seguir —a saber, la adhesión al proyecto educativo exitoso y reconocido por la comunidad científica—. Implante el método de enseñanza ‘Comunidades de Aprendizaje’ en estos centros, y conseguirá que el fracaso escolar sea anecdótico. Hecho esto cierre esa puerta (de la vergüenza) de una vez para siempre. De ese modo conseguirá desmarcarse de todos sus antecesores que, cuando tuvieron que atender la educación marginal, miraron hacia otro lado. Y pasará a la historia de nuestra (adolescente) democracia como el ministro que puso coto a los desmanes habidos en materia de educación marginal.

Señor ministro: Salud y Comunidades de Aprendizaje.

Enrique Giménez Adell
Presidente de la Fundación Punjab