11.03.2002 / Las organizaciones ‘Greek Helsinki Monitor’ y ‘Minority Rights Group-Greece’ condenaron el asesinato de un joven gitano por parte de un agente de policía en Zefyri (Ática), en la noche del 24 de octubre del pasado año. Estas organizaciones hacen un llamamiento a la Policía y a la Justicia griegas para que procedan expeditivamente a la imputación de responsabilidades y al castigo del autor del crimen, de acuerdo con la gravedad de éste; en contraste con la práctica de impunidad generalizada hasta ahora, tal como ocurrió en los casos de los asesinatos de los gitanos Tasos Mouratis (en 1996) y Angelos Celal (en 1998), ambos perpetrados por agentes de policía. Igualmente, celebran la declaración del alcalde de Zefyri, Apostolos Zervas, ya que la consideran “llena de sensibilidad hacia los romà residentes en su municipio”. Por último, condenan la cobertura que la Agencia de Prensa Estatal de Macedonia hizo de la noticia, consistente únicamente en constatar que había habido “una persecución” y “un intercambio de disparos”, al parecer con el fin de justificar el acto del agente de policía. Esto, afirman, supone continuar con la tradición de incriminar a los gitanos en muchas de las noticias de prensa donde aparecen.
   Según el Informe de Prensa de la Dirección General de Policía de Ática correspondiente al día siguiente a los hechos, a las 20:00 horas del día 24 de octubre de 2001, Marinos Christopoulos, un gitano de 21 años de edad, se negó a detenerse en un control de carretera, aceleró su coche y, de acuerdo con la declaración de los agentes de policía, trató de atropellarlos.
   Uno de los agentes, el agente de policía de la Brigada de Emergencia Georgios Tilianakis, “reaccionó instintivamente y disparó una vez contra el coche con su arma reglamentaria, con el resultado de que el conductor fue mortalmente herido”. Teniendo en cuenta que la emisión televisiva mostraba que la bala había golpeado la parte superior izquierda del parabrisas, en el lado del conductor, puede deducirse con facilidad que el agente de policía, en lugar de tratar de evitar el coche, disparó para inmovilizarlo: esto constituye un uso inaceptable de un arma de fuego, considerando que el agente de policía no estaba siendo disparado.
   Cabe esperar que el anunciado arresto del autor del crimen vaya seguido de la suspensión de éste en sus funciones y de una acusación por parte del Fiscal; que se realice oportunamente la Investigación Administrativa Jurada; y que, en un período de tiempo razonablemente breve, se lleve a cabo el juicio pertinente.
   Ha de recordarse que, el 20 de noviembre de 1996, un oficial de policía mató a sangre fría, cerca de Livadia, al gitano Tasos Mouratis, de 45 años de edad, mientras éste se hallaba tumbado bocabajo en el suelo, ante los ojos de algunos de sus seis hijos. El Estado, a pesar de las reiteradas llamadas internacionales, nunca dio informes de que la Policía o la Justicia griegas hubieran castigado al autor del crimen. Igualmente, el 1 de abril de 1998, en Partheni, cerca de Tesalónica, un agente de policía disparó por la espalda, quitándole la vida, a Angelos Celal, de 28 años de edad, conductor de un coche usado por romà, cuando éstos trataban de escapar del arresto. Tanto la Policía como la Justicia encubrieron el suceso, argumentando que el agente de policía actuó en defensa propia, a pesar del hecho de que sus propios informes señalaban que la víctima no iba armada y que los agentes de policía recogieron, en la escena del crimen, 17 cartuchos usados procedentes de armas de fuego de la policía, y un solo cartucho de un arma no policial, que por otra parte nunca fue encontrada. El caso, que está apoyado por las organizaciones anteriormente mencionadas, está pendiente de ser considerado por el Tribunal Supremo, con el requerimiento de que se invalide la orden de no persecución.
   El ‘Greek Helsinki Monitor’ y el ‘Minority Rights Group-Greece’ acogieron con agrado, como ya se ha señalado, las declaraciones hechas el día 25 de octubre de 2001 por el alcalde de Zefyri, Apostolos Zervas, cuando fue entrevistado por la cadena de radio Flash 961. El alcalde condenó indirectamente el suceso, y dibujó un cuadro desolador sobre las condiciones de vida de los romà en su municipio, como resultado de la indiferencia gubernamental. Muchos niños gitanos en edad escolar abandonan el colegio, integrado exclusivamente por alumnos gitanos –lo cual viola las leyes nacionales y los estándares internacionales–; y algunos no tienen ninguna clase de documentos de ciudadanía. Por ejemplo, la víctima no estaba registrada en ningún censo municipal y hubieron de aplicarse procedimientos especiales para conseguir una licencia de entierro.
   Por último, la Agencia de Prensa Estatal de Macedonia se apresuró, de nuevo, a cubrir el episodio refiriéndose a una “persecución” y a un “intercambio de disparos” no existentes, para justificar el uso abusivo del arma de fuego por parte del agente de policía. Del mismo modo, por ejemplo, un año atrás había informado, infundadamente, de que varios residentes del campamento gitano habían cometido graves delitos en las orillas del río Gallikos, sin la confirmación previa de sus fuentes y sin disculparse después ante los difamados romà. Similarmente, el 25 de octubre de 2001, tras salir a la luz el Informe de Prensa de la policía, no enmendó la incorrección de su noticia. (Información elaborada por el Greek Helsinki Monitor y el Minority Rights Group-Greece)